El éxito experimentado por el proceso monitorio, introducido en España en la Ley de procedimiento civil 1/2000 ha supuesto que más de una tercera parte de las ejecuciones que se realizan o en nuestro país procedan de dicho proceso. Con esta nueva normativa, el legislador viene a potenciar la aplicación intensiva de esta exitosa fórmula.

La Ley 4/2011, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para facilitar la aplicación en España de los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía, en primer lugar, modifica las cantidades máximas  de nuestros  procedimiento nacionales :

El proceso monitorio nacional pasa de tener una cuantía máxima

  1. 30.000 euros a 250.000
  2. el juicio verbal pasa de 3.000 a 6.000
  3. en los procesos en los que no es obligatoria la asistencia de abogado y procurador pasa de 900 euros a 2.000 euros.

Otra modificación novedosa que introduce la ley es la de que el juez pueda sugerir una cuantía inferior o distinta a la reclamada por el demandante.

En cuanto al proceso monitorio europeo se aplican los mismos límites cuantitativos que los fijados ahora para los procesos nacionales.

El proceso europeo de escasa cuantía, será de aplicación para cualquier tipo de demanda transfronteriza cuando no supere un importe de 2.000 euros. Este tipo de proceso será de aplicación para asuntos civiles y mercantiles, aunque se incluyen supuestos como el contrato de trabajo, a pesar de que en España tengan su propia regulación y orden jurisdiccional aparte.

La Unión Europea prevé la aplicación directa de la normativa comunitaria que regula estos dos nuevos procesos europeos que ahora se incorporan a la normativa procesal española, por tanto, el reglamento (CE) NÚMERO 1896/2006, del parlamento europeo y del consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se regula el proceso monitorio europeo y el proceso europeo de escasa cuantía, es de consulta obligada a la hora de utilizar cualquiera de ellos. La aplicación directa de la normativa comunitaria no exime al legislador español de dictar cuantas normas sean necesarias para adaptar nuestra regulación interna.

Por último, la tasa judicial , también será exigible para los procesos monitorios nacionales y europeos, aunque no se pagarán dichas tasas cuando exista conversión por oposición del demandado desde el monitorio al declarativo, con el fin de evitar la doble imposición.

Ricardo Riera